Los sindicatos CCOO y UGT, junto con otras organizaciones sindicales de las regiones afectadas (Cataluña, Comunidad Valenciana, Asturias y Galicia), han lanzado una dura advertencia al Gobierno sobre las graves consecuencias que, según ellos, tendría la fusión entre BBVA y Banco Sabadell. En el marco de la consulta pública abierta por el Ejecutivo, alertan de que la opa de BBVA sobre Banco Sabadell representa un peligro económico, social y laboral para el país.
Una operación que pone en riesgo miles de empleos
Los sindicatos denuncian que la fusión podría conllevar la pérdida de entre 7.684 y 10.567 puestos de trabajo directos, afectando especialmente a personas mayores de 50 años. Asimismo, advierten del posible cierre de entre 589 y 883 sucursales, lo que dejaría a muchas comunidades con una notable pérdida de servicios financieros básicos. Según su comunicado, la operación no se justifica por razones de eficiencia ni competitividad, y sería perjudicial para la sociedad en su conjunto.
«Las fusiones bancarias en España han demostrado que, de manera irremediable, se produce pérdida de empleo, cierre de oficinas y reducción de la competencia», aseguran en su carta al Ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.
Alerta por el impacto territorial y financiero
Los sindicatos también subrayan que la entidad resultante concentraría el 70% de los activos bancarios del país, lo que, según su perspectiva, aumentaría el riesgo sistémico y debilitaría la estabilidad del sistema financiero. Desde una óptica territorial, la desaparición de Banco Sabadell como operador clave afectaría a comunidades donde tiene fuerte implantación, como Cataluña, Comunidad Valenciana, Asturias y Murcia, amenazando la pluralidad bancaria y la economía local.
Además, critican lo que consideran una «irresponsabilidad empresarial» al destinar miles de millones para remuneración accionarial en lugar de reforzar el capital ante un contexto económico incierto.
La consulta pública: un proceso sin precedentes
El plazo para participar en la consulta pública finalizó el viernes, y ahora el Ministerio de Economía tiene hasta el 27 de mayo para evaluar si eleva la operación al Consejo de Ministros. Posteriormente, el Gobierno dispondrá de un mes para decidir si aprueba la unión en los términos propuestos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o si impone condiciones adicionales. Aunque la normativa no contempla bloquear la operación, la CNMC defiende su independencia y rigurosidad en el informe elaborado.
El ministro Carlos Cuerpo ha aclarado que la consulta no busca un «sí o no» a la operación, sino obtener información cualitativa relevante de los actores afectados. Por su parte, BBVA ha optado por no participar en la consulta, argumentando que no existen «factores de interés general afectados» y destacando que la fusión beneficiará a clientes, empleados y accionistas, especialmente en las regiones con mayor presencia de Banco Sabadell, como Cataluña.
Un debate que sigue abierto
El anuncio de la posible fusión sigue generando polémica. Mientras los sindicatos piden al Gobierno que tome medidas para impedir la operación, BBVA defiende el proyecto como una oportunidad para fortalecer el sistema financiero. Las próximas semanas serán decisivas para conocer si el Ejecutivo opta por imponer condiciones adicionales que atenúen el impacto laboral y económico de esta unión empresarial.
