El Tribunal Supremo celebrará el próximo 13 de mayo una vista clave para decidir si paraliza cautelarmente el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes impulsado por el Gobierno español, una medida que podría beneficiar a cerca de medio millón de personas en situación irregular.
La decisión llega después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo admitiera a trámite el recurso presentado por la organización Hazte Oír, que solicita la suspensión inmediata del real decreto aprobado por el Ejecutivo al considerar que excede los límites legales y altera de forma estructural la política migratoria del Estado.
Según el recurso, la normativa tendría efectos “directos y duraderos” sobre ámbitos sensibles como el acceso al empleo, la Seguridad Social, prestaciones públicas y la suspensión de órdenes de expulsión. La organización sostiene además que el decreto podría generar consecuencias irreversibles si finalmente fuese declarado ilegal.
La vista contará con la participación de la Abogacía del Estado en representación del Gobierno, que defenderá la legalidad de una medida considerada prioritaria por el Ejecutivo para integrar social y laboralmente a miles de migrantes que ya residen en territorio español.
El proceso de regularización extraordinaria comenzó oficialmente en abril y, según cifras publicadas por medios españoles, más de 130.000 personas habrían iniciado los trámites durante la primera semana de aplicación del decreto.
No es la primera vez que el alto tribunal analiza acciones judiciales contra esta iniciativa. El pasado mes de abril, el Supremo ya rechazó una petición de suspensión cautelarísima presentada por colectivos contrarios a la medida, argumentando que no existía una urgencia suficiente para adoptar una paralización inmediata sin escuchar previamente a las partes.
La regularización extraordinaria ha generado un intenso debate político en España. Mientras organizaciones humanitarias y sectores sociales defienden la medida como una vía para reducir la economía sumergida y garantizar derechos básicos, partidos de oposición y grupos conservadores consideran que puede provocar un “efecto llamada” y aumentar la presión sobre los servicios públicos.
La decisión que adopte el Tribunal Supremo tras la vista del 13 de mayo será determinante para el futuro inmediato del proceso de regularización y podría marcar un precedente jurídico en materia migratoria dentro de España y la Unión Europea.
